¿Quién financia el keynesianismo?




A la demagogia barata, que convierte la ciencia económica en basura sin rigor, abierta a la opinión con la que se presente masificar lo público minimizando lo privado, hay que responder con severidad, y esta, viene de la mano del principio de responsabilidad fiscal.

Es muy bonito sobre el papel plantear subir el sueldo a los funcionarios para incrementar la demanda agregada de este sector de la población, o simplemente, aplicar una política fiscal expansiva para incentivar el crecimiento de la demanda agregada.

Estos, son los ideales económicos que defienden algunos políticos como Pedro Sánchez (secretario general del PSOE). La pregunta ¿quién lo paga?.

A menudo confundimos dos términos, el término "público" entendido como bien o servicio que presta el Estado o alguna de sus empresas a los ciudadanos financiado mediante impuestos y el término "gratuito", que es lo que consideran muchos ciudadanos y políticos que son los bienes públicos, incurriendo en un error de principiante e iluso, la "ilusión monetaria".

Lo que plantea el señor Sánchez, tan crítico con las medidas de austeridad, hay que financiarlo y el keynesianismo no sale barato.

Dos y únicas formas posibles de financiar una política expansiva de este tipo:

1.- Aumento del gasto público: impensable dados los niveles de deuda pública actuales (rondando el 100% de PIB).

2.- Vía incremento de impuestos, por lo que el efecto expansivo se vería reducido por una política fiscal contractiva. Algo ilógico.

La austeridad no es la solución, pero desde luego esta alternativa tampoco.

A menudo, a pie de calle,  vemos el elevado sueldo de los políticos como una lacra. Si somos rigurosos deberíamos realizar un análisis coste-beneficio (que seguramente nos dejaría un balance en números rojos). 

Pero no sólo los políticos del gobierno central, sino los equipos de las diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas.

¿De verdad es necesario pasar del gobierno central a la diputación de una Comunidad Autónoma tras la cual pasamos a la diputación provincial llegando al ayuntamiento?.

El principio de subsidariedad traslada las competencias a aquél nivel que las lleva acabo de manera más eficiente. 

No estoy hablando de una centralización absoluta, si no de reducir un poco esta descentralización masificada. Eliminando por ejemplo las diputaciones provinciales y dejando las autonómicas como mediador entre gobierno central y entes locales.

Una Economía necesita organizadores y planificadores no charlatanes de tres al cuarto.


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